Prólogo

El objetivo de este trabajo es el de ayudar a esclarecer todo lo referente a la guerra sucia practicada entre abril de 1975 y julio de 1987 en la parte de Euskal Herria bajo administración francesa, Iparralde.

Me voy a limitar a lo sucedido en Iparralde, pero quiero dejar bien claro que los ejecutores de las acciones de guerra sucia cometidas en dicho territorio perpetraron otras muchas acciones terroristas en los más diversos lugares. No sólo en la parte de Euskal Herria bajo administración española, Hegoalde, sino también en París, Caracas… En todos esos lugares asesinaron y provocaron graves heridas a numerosas personas.

Tampoco quiero dejar sin mencionar el caso de Jean-Louis Larre “Popo”, un militante de Iparretarrak desaparecido después de que miembros de esa organización se enfrentaran en las Landas con varios gendarmes, el 7 de agosto de 1983. Uno de los gendarmes resultó muerto, Popo escapó a pie, los gendarmes cercaron la zona… y el militante vasco desapareció para siempre. No sucedió en Iparralde, y por eso tampoco lo voy a analizar en este trabajo.

Aparte de limitar el ámbito territorial a Iparralde, también he decidido limitar el ámbito temporal a esos doce años, entre 1975 y 1987, pese a ser obvio que la guerra sucia ha seguido practicándose, aunque no con tanta intensidad como en el periodo que he decidido analizar.

Durante esos doce años, en Iparralde se produjeron tres campañas de guerra sucia claramente delimitadas y un último atentado aislado, el que costó la vida a Juan Carlos García Goena. Un atentado sobre el que no poca gente ha mostrado saber mucho sin que la Justicia española se haya dignado pedirles explicación alguna al respecto.

En cuanto a las tres campañas de guerra sucia, la primera, iniciada en abril de 1975, en pleno franquismo, duró año y medio, hasta octubre de 1976, y su saldo fue de numerosos atentados con explosivos, algunos intentos de asesinato frustrados y la desaparición del refugiado Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”.

Tras año y medio de pausa sin atentado alguno en Iparralde, llegó la segunda campaña de acciones terroristas, de 1978 a 1981, que fue mucho más cruenta que la precedente: ocho muertos y otro refugiado más desaparecido, José Miguel Etxeberria “Naparra”. Durante ese periodo, en el que presidieron el Gobierno Adolfo Suarez y Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD, se produjo también una gran cantidad de acciones de guerra sucia en otros lugares (Hegoalde, París, Caracas…) que provocaron numerosos muertos.

La última acción terrorista de esa segunda campaña de guerra sucia en Iparralde se produjo en marzo de 1981 y después hubo un nuevo parón, de dos años y medio, tras el que se inició la tercera campaña, la más conocida de todas, la de los GAL. Una campaña que se desarrolló entre octubre de 1983 y febrero de 1986, siendo Presidente Felipe González, del PSOE, y que fue todavía más mortífera y eficaz, ya que se valieron de la experiencia acumulada en las dos anteriores: 23 muertos y otros dos refugiados desaparecidos, Joxean Lasa y Joxi Zabala.

Además, asesinaron a Santi Brouard en su consulta de médico pediatra de Bilbo. Fue un asesinato que causó una honda conmoción en Euskal Herria ya que era un destacado dirigente de la Izquierda Abertzale. Cuando lo asesinaron, ejercía como teniente de alcalde en Bilbo y como portavoz parlamentario de Herri Batasuna en la Cámara de Gazteiz.

En esas tres campañas de guerra sucia hubo pruebas flagrantes de la implicación de las Fuerzas de Seguridad, del Servicio Secreto y del Ejército español. Unas pruebas que alcanzaron su cénit en la tercera campaña, a causa de las increíbles chapuzas que cometió el entonces inspector de policía José Amedo.

En un primer momento, las autoridades españolas lograron ocultar las pruebas de su directa participación en el diseño y ejecución de las acciones terroristas perpetradas usando las siglas GAL. Tenían amplia experiencia en ello, porque otro tanto habían hecho en las dos anteriores campañas de guerra sucia, en las que las siglas utilizadas fueron otras, entre las que destacó la del Batallón VascoEspañol, BVE.

Les interesaba muchísimo que todas aquellas acciones terroristas se asociaran a esas siglas, y les sigue interesando sobremanera que la responsabilidad recaiga en “organizaciones terroristas”, como los GAL y el BVE. Organizaciones que nunca existieron sino como pantallas para ocultar el terrorismo de Estado.

En todo caso, cada vez que salían a relucir pruebas irrefutables de la implicación de significados miembros de las Fuerzas de Seguridad, los Servicios Secretos o el Ejército, las autoridades españolas pretendían que se trataba de agentes que actuaban por su cuenta, sin respaldo alguno de sus superiores, y mucho menos de las propias autoridades.

Otro tanto hicieron cada vez que se pudo demostrar que las armas y municiones empleadas en las acciones de guerra sucia habían sido compradas por las Fuerzas de Seguridad españolas. También entonces negaron toda responsabilidad, aduciendo una supuesta imposibilidad de controlar a ciertos elementos franquistas que intentaban depurar. Una excusa que caía por su propio peso desde el momento en que nunca tomaron medida alguna contra los agentes descubiertos organizando o ejecutando acciones de guerra sucia.

Tampoco las autoridades francesas se mostraron nada diligentes a la hora de tomar medidas contra ellos. Desde el inicio, tuvieron pruebas irrefutables de quién se encontraba tras aquellas acciones terroristas, pero las medidas que tomaron no lo fueron precisamente contra los organizadores de las mismas sino contra quienes las sufrieron: los refugiados vascos. Por eso denuncio que fueron cómplices necesarios de dichas acciones de guerra sucia.

En cuanto a las autoridades españolas, tanto fue el cántaro a la fuente que terminó por romperse, dejando bien claro que la guerra sucia estaba directamente organizada por el Estado. Es lo que sucedió cuando José Amedo se decidió a contarle al juez parte de lo que sabía y le entregó un documento que había guardado celosamente: el comunicado en el que dieron a conocer las siglas GAL y que sirvió para reivindicar el secuestro en Hendaia del ciudadano francés Segundo Marey.

Se trataba de un comunicado manuscrito y fue bien fácil de probar quiénes lo habían redactado: el entonces Gobernador Civil de Bizkaia, Julián Sancristóbal, y el Secretario General del PSOE en Bizkaia, Ricardo García Damborenea. Ambos fueron encarcelados y tras ellos también acabaron en prisión, entre otros, quienes dirigían el Ministerio del Interior en la época de los GAL: el propio ministro, José Barrionuevo, y el número dos, Rafael Vera.

Todos ellos fueron condenados por haber organizado y ejecutado el secuestro por error de Segundo Marey, pero no pasaron mucho tiempo entre rejas. El Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, los indultó a todos.

A raíz de todas aquellas condenas judiciales, quedó en .........................

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